En Tiempos de Aletheia

LA DEPENDENCIA AÚN ESTÁ PENDIENTE

Me refiero al artículo 14 de nuestra Constitución de 1978, con el que muchos ingenuos creyeron que, con la promulgación de la Carta Magna, se acostaban como hijos de un Estado dictatorial y se levantaban en un Estado democrático ya que España iniciaba un nuevo período de libertades, pero también, en el plazo de tres o cuatro años, un desconocido tratamiento jurídico y social de las personas con discapacidad. Toda persona afectada vivía en la creencia de que por fin aquellas políticas sociales estaban destinadas, entre otras cosas, a la mejora de sus condiciones generales de vida y que experimentarían un gran avance, pues el citado artículo 14 de la Constitución establecía un precepto que sentaba las bases para la formulación de las políticas sociales que se llevarían a cabo a partir de aquellos momentos, artículo en que estaba recogido preceptualmente que “todos somos iguales ante la ley y que ninguna característica personal como la discapacidad, podrá originar un tratamiento jurídico discriminatorio ni acto alguno que se pueda considerar vejatorio”.

El artículo 49 de la Norma Suprema establece que los poderes públicos ampararán especialmente a las personas con discapacidad para el disfrute de los derechos que el Título I otorga a los españoles. Es por lo que nace la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de los Minusválidos que significó la primera definición del amparo especial que la Constitución reconoce a los discapacitados. Esta Ley fue denominada LISMI y, desde su implicación con la Seguridad Social, es la primera Ley en España que establece derechos sociales para personas con discapacidad. Como otra tanta legislación emitida por las Cámaras no tuvo el desarrollo apetecido, o no se lo quisieron dar, y de tanta espera quedó postergada y aplicada a medias. Ni siquiera la reserva del 2% de puestos de trabajo adecuados para personas con minusvalía, en las empresas de 50 o más trabajadores se cumple; tanto empresas y sindicatos como las administraciones públicas, no le prestaron la más mínima atención.

El BOE publica lo que verdaderamente se esperaba: la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia que ampara la Ley 39/2006 de 14 de diciembre. Esta disposición pretendía ser una progresista norma de protección social que ampliara y complementara la acción protectora del Estado y del Sistema de la Seguridad Social existente para una mejor atención de la ciudadanía dependiente por envejecimiento, enfermedad, discapacidad o limitación de otros apoyos para su autonomía personal. Pero como siempre suele ocurrir, se legisla posiblemente con la mejor intención, pero bastante queda a medias de desarrollar algo tan importante como lo que nos ocupa. Se pierde tiempo, se habla mucho por sensaciones y no por haber estudiado a fondo los problemas o reflexionado sobre los mismos. Es como que no prevalece el rigor del legislador. Es como si los congresistas estuviesen aún en las aulas de la universidad. Da la sensación, en algunos casos, de que no les importa la calle, que viven de espaldas a la sociedad, que no tienen consideración con la ciudadanía que les votó. En una palabra: que están en una fiesta y no se ruborizan cuando hacen declaraciones públicas que alguien les escribió de forma ilegible en un papel como respuesta a la pregunta que un medio de comunicación les ha hecho, y con las prisas, y por no poder descifrar lo escrito, sueltan la mejor de las perlas. Del 2012 al 2015 unas 125.914 personas que según la ley deberían haber recibido ayudas y no las recibieron, fallecieron. Aunque sea duro decirlo, mueren en España 80 personas diarias con la Dependencia reconocida por la falta de atención que por Ley tienen derecho a recibir. Una investigación publicada el 2016 evaluó el estado del funcionamiento de la Ley y concluyó que faltaba por hacer “mejorar las fuentes de financiamiento, la calidad del sistema de gestión, la coordinación entre los sistemas sociales y sanitarios, la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones y el sistema de evaluación global continua”.

Pues bien, las consecuencias de estas acciones, omisiones y formas de actuar de un respetable porcentaje de nuestros políticos son las dilaciones que existen para el desarrollo de una transcendental disposición, sobre todo para el que lo sufre. Las tardanzas suelen trocarse al poco tiempo en urgencias y, tratándose de la salud, el verdadero profesional, el funcionario vocacional es quien tiene que finalizar el desmadre que se forma por las desigualdades que se producen en equivalentes organismos en distintas CCAA. De no ser por estas personales intervenciones, el desmadre que hemos mencionado pasaría a ser un caos por la falta de rigor y transparencia. No obstante hay buenos profesionales que creen poder hacer algo positivo a pesar del caos originado y es: recuperar el tiempo perdido aunque alguno tropezará con los mismos obstáculos como lo han hecho sus predecesores desde el año 2006, año en que se publicó la Ley, y a pesar de que en esta atención intervienen prácticamente la totalidad de las Administraciones Públicas.

Transcurridos trece años después de aprobada la Ley 39/2006 del 14 de diciembre, en el país de las colas, la falta de información a quienes iban a realizar el trabajo de las valoraciones con las personas dependientes, provocó y provoca lentitud a la hora de reconocer el grado de variación que se produce en estas personas que, no pocas veces, cuando la persona dependiente era citada por la Administración ya estaba en el Valle del Silencio durmiendo el “sueño eterno”. No debemos olvidarnos de aquellas Personas dependientes que, a diferencia de los que percibían prestación o atención, no perciben nada. Son los que conforman el llamado limbo que a finales de 2018 rondaba las 300.000 personas, aun cuando es muy posible que en este terreno que no es de nadie alcance 1.000.000 de personas dependientes. Las Personas mayores dependientes con atención residencial dependen de las CC. AA. y es de su competencia controlar, regular y autorizar las plazas de iniciativa privada. El total de plazas residenciales que existen en España se aproximan a las 360.000. El total de personas reconocidas como dependientes se eleva a 1.300.000, de las que 1.000.000 aproximadamente tienen o reciben algún tipo de prestación. El resto, como ya se indicó, están en el limbo (sean 300.000 o un 1.000.000).

Curiosamente, al detallar las Prestaciones de atención a la dependencia constaba que el beneficiario podrá excepcionalmente recibir una prestación económica para ser atendido por cuidadoras no profesionales siempre que se diesen una serie de condiciones como convivencia, habitabilidad de vivienda, etc. Aun así se convirtió en la modalidad más demandada, y se opina que las CC. AA. están abusando de este tipo de prestación aunque no signifique para la Persona dependiente beneficio alguno ni mejora. Pero esto sí: La Persona dependiente estará supervisada por la Administración Pública para que la prestación que reciba esté vinculada a la adquisición de un servicio que será controlado por el Organismo Público para asegurarse se cumpla la finalidad para la que fue concebida. Y me pregunto: ¿Los administrados tenemos alguna posibilidad de llevar a cabo un acto de corrupción, prevaricación o apropiación indebida de caudales públicos? … ¡Por favor!

Creo honestamente que el ciudadano de a pie, el corriente, tiene que saber qué se hace con su contribución al Estado y la gran diferencia existente entre el Gasto en Cuidados de Larga Duración en la UE, expresado en porcentaje del PIB: España: 0,7%; Austria: 1,3%; Irlanda: 0,9%; Italia: 1,7%; Francia: 1,5%; Suecia 3,5%. En los Países escandinavos, con el fin de aumentar los cuidados y darle más calidad a los servicios, inclusive existen hoteles para estas Personas, concebidos para su alojamiento en la fase incipiente de la dependencia.

Son los Países escandinavos o nórdicos quienes marcan la pauta en innovación y prevención, tratando de aumentar los cuidados domiciliarios y la calidad de los servicios. Respecto a España conviene recordar cuál es la imagen o la fotografía actual de la población y la situación cuando hablamos de prevención. Y es que nuestro país presenta uno de los índices más altos, sino el mayor, de envejecimiento del mundo con un 17% de personas mayores de 65 años y un 4% de personas mayores de 80 años. Ello equivale a que en el año 2050 estos porcentajes se situarán en el 30% y el 10% respectivamente.

El modelo de financiación en todos los países de la UE es el copago. En España esta Ley de Atención a la Dependencia se puede enmarcar perfectamente en el sector de Servicios Sociales que tiene dos características que lo hacen diferente al resto de sectores económicos. Una primera, que es sin ánimo de lucro como puede ser Cruz Roja, Cáritas, etc., y otras asociaciones con respaldo social. Pero aprovechando los beneficios que esta figura jurídica tiene, han brotado como setas otras entidades que de manera engañosa la utilizan también, no con los mismos fines. Estas asociaciones, solo para amigos, se podrían titular “sinónimo de lucro”. Otra característica a destacar es el tipo de IVA que se establece según la tipología del cliente. En este caso 4% cliente público y 10% el privado.

Coincidiendo con lo anterior algunos linces han visto el gran negocio en las residencias de mayores en España y se han puesto a trabajar y claramente se observa que las CC. AA. con baja cobertura, o defectuosa, denotan una baja presencia de la oferta pública y que se debería priorizar la dotación por el modelo público comenzando por las 60.000 plazas necesarias en un plazo de cinco años y romper de una vez por todas esa especie de lámpara que algunos españoles llevan en su interior y dejemos de saquear siempre a los mismos: personas mayores sin ingresos suficientes que se convierten en el suculento negocio del siglo para las empresas sabedoras de la demanda social existente y que la cobertura pública, si no hay un milagro, actualmente es insuficiente. Conocido es por todos que en España son muchas las personas que ya están en el máximo grado de dependencia reconocido y, por tanto, tienen derecho a una plaza pública en un centro geriátrico pero existe una lista de espera que llega a los 5 años, lo que lleva a las familias a realizar grandes esfuerzos económicos para cuidar del familiar, bien contratando a cuidador profesional bien tirando de residencia privada. La Ley de Dependencia no logra dar la respuesta social para la cual se creó. Son muchas las plazas que faltan para cubrir la alta demanda y las prestaciones económicas son una ayuda que para muchas familias es insuficiente, lo que hace que la Persona dependiente fallezca antes de poder acceder a los servicios que necesitaba. La situación social en España es alarmante, y si no se toman las medidas conducentes a acelerar los flujos, se producirán situaciones sangrantes y denigrantes por la falta de prevención cuya responsabilidad es de los políticos de altura que cuando viajan en avión van en bussines y/o en automóvil blindado de medio kilo de coste.

La Coordinadora de Plataformas en Defensa de la Ley de Dependencia está formada por personas en situación de dependencia, sus familias y cuidadores; así como por asociaciones, colectivos, profesionales, sindicatos y ciudadanía en general, de forma voluntaria y no remunerada. La Coordinadora tiene como misión trabajar en defensa de la aplicación de la Ley en todo el Estado español, como forma de manifestación del Estado de Bienestar y en defensa de los derechos de los más débiles. No tienen porqué rasgarse las vestiduras ni aquí, en España, ni en Bélgica ni en cualquier otro país donde haya políticos españoles. Si deben retocar sus emolumentos a la baja como los de a pie, sean solidarios con los que verdaderamente en tiempos de la Dictadura pusieron e hicieron cuanto estuvo de su mano para sacar a sus familias de la miseria y luchar porque sus hijos tuviesen la oportunidad de ir a la universidad y mantener a flote un país donde vivían cuatro y el resto mantenían un espíritu de supervivencia incuestionable al precio que fuese para que España no perdiese el tren del progreso. Hagan ese gesto solidario de reducir sus emolumentos y vayan al Parlamento con el mismo espíritu que irían en cualquier empresa: la lección aprendida y los problemas resueltos por ustedes mismos, sin necesidad de contratar asesoramientos hasta para encender el televisor. Así cualquiera. Piensen solamente un minuto en esas personas que hoy no tienen ni donde cobijarse; se merecen eso y más. Es una excelente oportunidad para que ustedes recuperen el favor y la credibilidad de los ciudadanos. Y tengan en cuenta que no están dando una limosna: están haciendo una inversión para su futuro político.

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